ABC recoge algunos testimonios dramáticos de docentes
↓ La Fiscalía del Estado ya consideraba autoridad a los profesores de centros públicos MILAGROS ASENJO | MADRID, 16 SEP 2009 (ABC)
«Me había amenazado con esperarme a la salida del instituto aunque no le di mayor importancia. Pero, cuando terminaron las clases y traspasé la puerta del centró, vi con horror que estaba allí. Y no estaba solo, le acompañaba un grupo de chicos a la mayoría de los cuales yo no conocía porque eran de otro centro. Todos se colocaron al lado del coche al que me disponía a subir y comenzaron a golpearlo al tiempo que me lanzaban toda clase de insultos». Este es el relato de un profesor de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) -Mateo- que lleva 25 años dedicado a la enseñanza.
«El alumno de 4º de la ESO que trató de amedrentarme con la ayuda de sus «colegas» es un estudiante y perturba la actividad de la clase con excesiva frecuencia», comenta Mateo, quien acaba de reincorporarse a su trabajo «no con demasiado entusiasmo».
Entre las dificultades que los docentes encuentran para dar clase destacan falta de atención, desinterés, escaso o nulo esfuerzo, ausencia de objetivos académicos y hasta vitales. Y ante este panorama, no pueden exigir demasiado porque los estudiantes desconocen la cultura del esfuerzo y no reconocen la autoridad del profesor.
¿Cómo recibe este docente la propuesta de la Comunidad de Madrid de otorgar a los profesores la condición de autoridad pública? «Creo que es una iniciativa esperanzadora porque nos permitirá trabajar más tranquilos y con la colaboración de los padres», responde Mateo.
Los padres agresivos
En Primaria son los progenitores quienes protagonizan más acciones violentas, físicas o verbales, mientras que en los niveles educativos superiores la iniciativa parte de los propios alumnos.«Sé dónde vives. Ten cuidado y mira por dónde vas porque puedes sufrir un accidente», les espetó un alumno repetidor de ESO a su profesor, Aarón. «Voy a por ti, te voy a hundir». «Voy a denunciarte por agresión y abusos o por cualquier otra razón, te voy a hacer la vida imposible, a ti y a tu familia, te voy a rajar». Estas lindezas minan el ánimo de los hombres y mujeres que, con una inequívoca vocación profesional, intentan pasar por alto estas situaciones.
¿Y qué hacer? «Se levantan, lanzan improperios contra mi persona y cada día se me hace más difícil seguir. No hago más que pensar en esta situación y apenas duermo».
En ocasiones, cuando los profesores intentan frenar el acoso y la violencia o reorientar las conductas de los escolares más conflictivos, entran en juego los padres, que les amenazan con denuncias por maltrato físico o psicológico a sus hijos e incluso por abusos. «Me siento mal -confiesa Adriana y me gustaría tomar alguna decisión ahora que comienza el curso, pero me veo incapaz de hacerlo?»
¿Por qué?
«Poco antes de vacaciones unos padres me pidieron una entrevista para hablar sobre su hija, alumna mía de Primaria». Eso era al menos lo que pensaba Adriana, porque la conversación se convirtió en algo «desagradable, ofensivo y amenazante».«Sin dejarme abrir la boca -prosigue- me insultaron y se me acercaron gritándome, me arrinconaron y levantaban la mano en tono amenazante». Y todo porque la niña, a la que la profesora recriminó por comer el bocadillo en clase, había contado a sus padres una versión de los hechos según la cual la docente le había prohibido tomarlo en el recreo.
«Soy profesora de un centro de Primaria y sólo tengo ganas de llorar», asegura una maestra de Primaria (Delfina). «Suelo conectar bien con los padres de mis alumnos pero en esta ocasión, una madre me ha propinado una bofetada por llamar a su hijo la atención ante su actitud agresiva hacia sus compañeros».
Los maestros de centros privados y concertados, desprotegidos
La propuesta de blindar a los profesores frente a eventuales agresiones otorgándoles la categoría de autoridad abarca exclusivamente a los profesionales que ejercen sus funciones en el ámbito de la enseñanza pública. Nadie se ha ocupado del profesorado del sector privado y concertado, que quedaría así desprotegido ante hipotéticos cambios normativos. En este sentido, la Fiscalía General del Estado ya ordenó en una circular remitida el 25 de noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público. Se recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, «consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave».ABC
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Autoridad en las aulas
EDITORIAL ABC Miércoles, 16-09-09
ESPERANZA Aguirre confirmó ayer, en el debate de la Asamblea de Madrid, la aprobación de una futura Ley de Autoridad del Profesor. Es un paso en la buena dirección, porque la presidenta regional tiene razón cuando afirma que «no puede ser que un profesor esté la mayor parte de la clase mandando callar a los alumnos». En este sentido, es importante la medida prevista de convertir a los docentes de Primaria y Secundaria de los centros públicos en «autoridad pública», con el fin de que la disciplina retorne a las aulas, un planteamiento que coincide con las propuestas de Nicolas Sarkozy. Falta conocer la letra pequeña del proyecto, pero es indudable que Aguirre ha puesto el dedo en la llaga de una de las grandes preocupaciones de la comunidad escolar. Sería muy deseable conseguir para ello la implicación de las familias en las tareas de transmitir a niños y adolescentes el sentido de la responsabilidad imprescindible para desarrollar actitudes positivas en casa y en el colegio. En este ámbito, tal vez habría que buscar medidas complementarias al simple envío a los padres de las normas reguladoras del centro de enseñanza en que sus hijos cursan estudios. Reforzar la posición de los docentes con cargos directivos es también un enfoque adecuado siempre que ello implique una exigencia de ejercicio activo de la autoridad y de apoyo a los profesores que -a veces- se sienten aislados frente a los chantajes y amenazas de algunos «matones» que pretenden imponer la ley del más fuerte.
Los recientes sucesos ocurridos en Pozuelo de Alarcón han elevado la sensibilidad social hacia la educación de las generaciones futuras. Es preciso transmitir valores positivos para la convivencia en un ámbito de respeto y estímulo del trabajo bien hecho. Aguirre acierta al enfocar el problema desde la perspectiva de la autoridad del profesor, pero también es necesario contemplar otros ángulos no menos importantes. Así, hay que ofrecer opciones de ocio al margen de «botellones» y «litronas», promover las actividades culturales y deportivas y, sobre todo, eliminar modelos sociales que dan prioridad al éxito a toda costa por encima de los principios morales y de la dignidad humana. La tarea es larga y compleja, y es bueno sin duda comenzar resolviendo las cuestiones más evidentes, como es la necesidad inexcusable de orden y silencio en las aulas. Lejos de cualquier autoritarismo, el profesor debe ser respetado y tiene que contar con los instrumentos razonables para imponer una disciplina sin la cual es imposible transmitir conocimientos. Es triste que tengamos que llegar a estos niveles de lucha contra la violencia -real o latente-, pero es la consecuencia lógica de muchos años de abandono y desinterés social y político.
Por lo demás, la dispersión de nuestro sistema educativo en diecisiete comunidades que funcionan cada una por su lado, conlleva problemas de fondo que limitan la eficacia de cualquier medida. La ley madrileña, bien orientada, sólo es aplicable en su ámbito territorial y la yuxtaposición de sistemas sin coordinación entre sí no puede producir resultados positivos. Mientras el Ministerio se limite a elogiar la idea de Aguirre sin adoptar medidas vinculantes para el resto de Comunidades, crecerá el riesgo de crear una confusión generalizada entre padres, alumnos y profesores.
ABC
La Fiscalía del Estado ya consideraba autoridad a los profesores de centros públicos
Madrid, 15 sep. (COLPISA, R.H.)
La Fiscalía General del Estado (FGE) ya mantenía que los profesores de los centros escolares públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales y una agresión grave contra estos docentes puede ser considerada desde el prisma jurídico como un delito de atentado contra la autoridad.
Así quedó establecido por la FGE en diciembre de 2008 mediante una circular remitida a las Fiscalías de toda España, nueve meses antes de la medida ahora anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
En la instrucción emitida por la Fiscalía del Estado se aconsejaba a los representantes del Ministerio Público considerar como un delito de atentado contra la autoridad las agresiones graves perpetradas contra los profesores y los médicos que trabajan en centros dependientes de la Administración pública, pero no las cometidas contra los que desempeñan esta función en los colegios concertados o privados ni en los centros sanitarios privados, bajo el argumento de que no ostentan “la cualidad de funcionarios públicos”.
En sus conclusiones, la Fiscalía especificaba que “el bien jurídico protegido por el delito de atentado es el orden público en el sentido amplio, en cuanto las conductas que les afectan están dirigidas a menoscabar la actuación de las personas encargadas del normal funcionamiento de actividades relativas al interés general que la Administración debe prestar a los ciudadanos”.
Según la mencionada circular, “las agresiones ejecutadas contra funcionarios públicos en el ámbito de la sanidad y de la educación, consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave, quedan incluidas en el ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado”.
COLPISA
37 profesores agredidos desde que se les considera autoridad en Comunitat Valenciana
La Comunidad de Madrid anuncia una ley para reforzar el respeto al docente, similar al decreto del Consell
16.09.09 - A. RALLO | VALENCIA (LAS PROVINCIAS)
Una profesora de la Comunitat se quedó asombrada cuando vio cómo la madre de una alumna entraba en el centro y le propinaba una bofetada sin mediar palabra. Este tipo de agresiones, por suerte, son excepcionales. No están a la orden del día, pero se producen. Sí es más frecuente, en cambio, alguna agresión verbal grave, injurias o amenazas. Incluso el correo electrónico se utiliza como arma. Ser profesor no es una actividad de alto riesgo, pero poco le falta.
La Conselleria de Educación propuso castigar más duramente las agresiones de menores o padres con la aprobación del Decreto de Convivencia, que entró en vigor en mayo de 2008. Desde entonces se han presentado en los juzgados denuncias en las que a 37 docentes - 15 en 2008 y 22 en 2009- se les ha reconocido la condición de autoridad pública, según la Generalitat.
Se trata de un reconocimiento similar al que tienen, por ejemplo, los policías. Evidentemente, no tiene las mismas consecuencias penales agredir a un policía en el desempeño de su trabajo que a cualquier otra persona. También el personal sanitario reclamó esta protección ante el aumento de las agresiones.
Esta consideración aparece en el Decreto de Convivencia que aprobó la Conselleria de Educación en mayo del año pasado. Este fue realmente el germen del anuncio que hizo ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para reforzar la autoridad de los profesores en las aulas.
La futura ley que anunció Aguirre recogerá la condición de los profesores como autoridad pública, un aumento de sueldo para los puestos directivos por ser los responsables de mantener el orden y más implicación de las familias. La medida ha sido hecha pública tras los sucesos en la localidad de Pozuelo, donde una multitud de jóvenes se enfrentó a la Policía.
El sindicato CSI.F propuso ayer que esta condición -autoridad pública- se extienda a todo el Estado. Para ello, es imprescindible la modificación del Código Penal. «No siempre los fiscales reconocen la condición de autoridad», mantienen. Además, también piden la «presunción de veracidad» para el profesor. El testimonio de este por encima de la otra parte.
No obstante, La Fiscalía General del Estado ya consideraba que los profesores de los centros públicos tienen la condición de autoridad a efectos penales. Así lo estableció el Ministerio Público en una circular de 2008.
Desde el sindicato CSI.F hunden las raíces de esta «crisis» de las aulas en el modelo educativo, «que ha fracasado». «Esto ha desprestigiado al profesor». Los docentes critican la cultura «en la que el niño siempre tiene razón».
El sindicato ANPE reclamó ayer una ley similar a la de Madrid en la Comunitat para reforzar todavía más la posición del profesor. Las mismas fuentes subrayaron que las «altas» cifras de fracaso escolar en la Comunitat «hacen necesario modificar el clima en las clases». Además, añadieron que debido a la inmigración, las aulas son cada vez más heterogéneas y se agrupan alumnos con varios niveles curriculares y diversas culturas.
LP
El Defensor del Menor respalda la ley de autoridad educativa para que disminuyan las presiones contra los docentes
MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS)
El Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, respaldó hoy la elaboración de una Ley que otorgue a los profesores la condición de "autoridad pública", tal como anunció hoy la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el Debate sobre el Estado de la Región, informó hoy este organismo regional.
Canalda insistió en la necesidad de reconocer "claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel que juegan los profesores en la sociedad y, de forma particular, en la educación de los menores".
El Defensor del Menor cree que la promulgación de una Ley de Autoridad del Profesor ayudará de "manera definitiva" a que disminuyan "las agresiones, presiones o amenazas que sufren, cada vez más, los docentes ya que cualquier conducta de este tipo ya no se solventaría en el ámbito escolar sino en el judicial y, en este sentido, puede resultar muy disuasorio".
Por último, Canalda reiteró la importancia de que los padres eduquen a sus hijos en el respeto a los profesores, trasladándoles claramente el valor y la importancia que éstos tienen.
EP
Los padres, divididos
Las principales asociaciones de padres de alumnos a nivel nacional mantienen posturas contrarias sobre el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de aprobar una nueva Ley de Autoridad del Profesor que otorgue a los docentes la condición de "autoridad pública".
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 15.9.2009
Mientras la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) cree que esta autoridad no se puede fijar por decreto, sino que ésta se gana "con el trabajo y el ejemplo del día a día, como la paterna", la Confederación de Familia y Padres de Alumnos (COFAPA) opina que la iniciativa del Gobierno madrileño supone "un paso más para recuperar la valoración social del maestro, cuya pérdida repercute no sólo en el rendimiento académico del alumno sino en su autoridad en el aula".
"El profesorado no debe desarrollar su trabajo con métodos trasnochados fundamentados en el autoritarismo y en el miedo del alumnado, y que han demostrado ser totalmente ineficientes para mejorar la convivencia escolar", afirmaron desde la asociación laica CEAPA, que abogaron por el establecimiento de normas "concisas, consensuadas y transparentes" de convivencia en el centro educativo, no sólo para el alumnado, sino también para toda la comunidad educativa.
Si bien COFAPA apoya la configuración de una ley que refuerce al profesor, también recuerda que el reconocimiento de su autoridad "debe empezar en la familia". "Es muy difícil exigir al alumno que respete al profesor en el aula si no respeta a su padres en casa", aseveró su presidenta, Mercedes Coloma.
LA FISCALÍA SE ADELANTÓ
Lo cierto es que la Fiscalía General del Estado ordenó en una circular remitida en noviembre de 2008 que las agresiones contra profesores de la enseñanza pública y contra trabajadores de la Sanidad pública se contemplarán como un delito de atentado a la autoridad y funcionario público.
De este modo, los docentes de centros públicos ya tenían la consideración de autoridad a efectos penales a instancia de la circular "Sobre la calificación jurídico-penal de las agresiones a funcionarios públicos en los ámbitos sanitario y educativo", enviada a las fiscalías en noviembre de 2008.
Las circulares de la Fiscalía General del Estado son de obligado cumplimiento. Por tanto, esta medida llegó un año antes de que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya anunciado que promoverá una Ley de Autoridad del Profesor para conceder a "todos los funcionarios docentes de Primaria y Secundaria la condición de autoridad pública".
La instrucción de la Fiscalía del Estado excluía de esta consideración a los profesores y médicos que trabajan en un centro concertado o privadoy, del mismo modo, la propuesta de Esperanza Aguirre tampoco contempla a este colectivo.
En el texto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, recomendaba a los fiscales considerar las agresiones contra funcionarios en el ámbito de la sanidad y de la educación, "consistentes en acometimiento, en empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave", dentro del ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado, "siempre que concurran los demás elementos que configuran" el delito de atentado a la autoridad.
DELITO DE ATENTADO
El artículo 550 del Código Penal define el delito de atentado, castigando como reos del mismo a "los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".
Así, la Fiscalía recogía en el documento que serán "sujetos pasivos de este delito aquellos funcionarios que lo sean mediante disposición inmediata de la Ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente".
Con esta circular, la Fiscalía del Estado asegura que trata de proteger el orden público, puesto que "estas agresiones dañan la actuación de personas que prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos por la Administración".
El documento daba respuesta a las dudas planteadas por la Fiscalía de Andalucía acerca de cuál debía ser el tratamiento jurídico-penal de este tipo frecuente de agresiones en el ámbito de la sanidad y educación públicas.
NT
CAM: Debate del estado de la región
Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad
La medida les otorga presunción de veracidad pero más sanciones si se extralimitan
La presidenta subrayó la frecuencia de las agresiones a los maestros
S. ALCAIDE - Madrid - 16/09/2009 (EL PAIS)
Sólo los profesores de la escuela pública tendrán rango de autoridad. La medida, que recogerá la futura Ley de Autoridad del Profesor anunciada ayer por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, excluye a los docentes de educación primaria y secundaria de los centros privados y concertados, según confirmó ayer la propia Aguirre, al finalizar su discurso en la Asamblea, pese a lo anunciado el día anterior por el propio Gobierno regional.
"Esos centros pueden contratar a quienes quieran y eso no ocurre con los públicos", precisó Aguirre, que recordó que los funcionarios superan unas oposiciones para acceder al puesto. En su alocución en el hemiciclo, la presidenta justificó que los maestros sean autoridad en diversos informes que indican que los profesores "destinan una tercera parte del tiempo de clase a mandar callar a los alumnos". También aseguró que las comisiones de estudios recogen con frecuencia datos de "agresiones a profesores y otros actos de indisciplina". No dio más detalles.
"Creemos que educar para la ciudadanía es enseñar a los jóvenes a comportarse de forma civilizada y respetar a la autoridad", recalcó la presidenta regional, en una velada crítica a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la ha enfrentado al Gobierno central. "No puede haber libertad sin reglas", zanjó.
La novedad de la norma es que otorga rango de ley a la autoridad de los profesores, como ya ocurre con los médicos, policías o magistrados, entre otros. La Comunidad de Madrid tiene competencia, en su territorio, para fijar quién es autoridad pública. Al mismo tiempo, puesto que el Código Penal recoge como delito de atentado las agresiones a la autoridad pública -sin precisar quién tiene tal condición-, en cuanto entre en vigor la nueva ley automáticamente los ataques a los maestros serán castigados con más dureza. Hasta ahora la única protección era una circular de la Fiscalía General que recomendaba a los fiscales calificar como delito los ataques a los maestros. Esta medida no obligaba a los jueces en su fallo; sí lo hará la ley.
El rango de autoridad otorga a los maestros la presunción de veracidad, que hace que su palabra tenga más valor. Pero también acarrea sanciones más graves si se extralimitan en sus funciones y pueden ser denunciados por falsedad en su testimonio y por abuso de autoridad.
REACCIONES AL ANUNCIO DE AGUIRRE
OPOSICIÓN. "Una auténtica chapuza improvisada"
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, fue ayer muy crítico con la medida de Aguirre, a la que calificó de "auténtica chapuza". El secretario general del PSM se basa en que el Ejecutivo regional "no tiene competencia para modificar el Código Penal". Para IU el anuncio de Aguirre, "además de no ser novedoso, es meramente propagandístico e intenta desviar la atención sobre los problemas reales de la educación madrileña. Es decir, sobre la falta de recursos o la alta tasa de fracaso escolar".
SINDICATOS. "Una aspiración histórica"
El sindicato mayoritario en la enseñanza pública, Comisiones Obreras, señaló ayer a través de un portavoz que el profesorado "necesita el respaldo decidido e incondicional de las administraciones para evitar agresiones", para lo que estima "imprescindible" concienciar a padres y a alumnos. Por su parte, ANPE-Madrid (Asociación Nacional de Profesores de España) ha recalcado en un comunicado que era "una histórica aspiración de nuestra organización por el deterioro del clima en los centros".
PADRES, "La educación no puede estar peor"
Luis Carbonell, el presidente de la Confederación Católica de Padres, valoró positivamente la medida, tachándola de "perfecta" y advirtiendo de que estamos "en un momento en que la educación no puede estar peor". Muy distinta visión a la de José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos. Esta asociación opina que lo anunciado "no es nuevo porque ya hay un artículo del Código que habla de ello" y que, además, "no aporta nada" para solucionar "un fracaso escolar que está anclado en el 30% del alumnado".
INSTITUCIONES. "Las familias no valoran a veces a los docentes"
Arturo Canalda, defensor del menor, respaldó ayer la decisión de Aguirre por "la necesidad de reconocer claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como por parte de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel de los docentes". La consejera de Educación, Lucía Figar, precisó que esta figura de autoridad otorgada a los profesores "implica fundamentalmente la presunción de veracidad", que, en su opinión "funciona mucho en términos de disciplina y convivencia".
PA
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· El Rey se sube al carro de Aguirre y pide "prestigiar a los profesores" Solicita "alcanzar un amplio y sólido acuerdo a escala nacional en torno a la educación"
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>INAUGURACIÓN Curso 2009/2010
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