Padres y docentes destacan el papel de la familia para atajar la falta de disciplina y respeto en las clases
El 31% de los docentes manifiesta falta de apoyo de la Administración
↓ La ley sin medios no da autoridad
EDITORIALES
↓ Valorar al profesor EL PAIS ↓ La autoridad de los profesores GRUPO JOLY ↓ Autoridad en las aulas ABC
Marisol Paul - Madrid - 17/09/2009 (CINCO DIAS)
La sentencia fue histórica. En febrero de 2008, la titular de un juzgado de lo penal de Barcelona condenaba a los padres de un alumno a un año de prisión (no suponía ingreso en la cárcel) por agredir a una docente. Era el primer caso que llegaba a juicio en Cataluña tras la orden del anterior fiscal jefe, José María Mena, de acusar por atentado a funcionario a todas aquellas personas que atacaran a médicos o profesores del sector público.
El Código Penal tipifica como delito las agresiones a los funcionarios públicos cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Un tratamiento jurídico que la Fiscalía General del Estado recogía en una circular remitida a los fiscales en noviembre del pasado año. Respaldo legal que no evita situaciones de desamparo. Carmen Perona, abogada de la Federación de Enseñanza de CC OO conoce unas cuantas, entre otras la de un profesor que vio colocada su cara en el cuerpo de un actor porno en en la red social Tuenti.
Autoridad en casa
El anunció realizado el pasado martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de una Ley de Autoridad del Profesorado, que otorga a los maestros la presunción de veracidad, ha abierto el debate sobre el respeto a los maestros. "Si la administración educativa confiara más en el docente no haría falta esta figura. Pero la administración da más credibilidad a los padres y a los alumnos", asegura Carmen Perona. Según las estadísticas del Defensor del Profesor, el 38% de los docentes manifiesta falta de respaldo por parte de la dirección del centro y el 31% por parte de la Administración.
La pérdida de autoridad es elemento de peso del debate. En las aulas y en las familias, destaca el presidente del sindicato independiente Anpe, Nicolás Fernández Guisado. "No podemos pasar del autoritarismo a la relajación total". Una pérdida de autoridad y permisividad excesiva que ha generado un clima de impunidad. "No confundamos la vuelta al palo con el reconocimiento de la autoridad". De una situación en que los profesores pegaban a los niños se ha pasado a alumnos que agreden a los docentes, observa el psicólogo Ángel Peralbo, autor de El adolescente indomable (La esfera de los libros). Cree que si los padres tuvieran más autoridad en casa, el comportamiento de los hijos mejoraría en la escuela, pero advierte que la familia es sólo una variable del problema. "Dar poder a la autoridad académica es sólo una sola parte, pero si no les enseñamos a mediar, a trabajar con el adolescente, a poner límites, no servirá para nada".
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, insiste en la necesidad de reconocer "claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel que juegan los profesores en la sociedad y, de forma particular, en la educación de los menores". Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, señalaba a Radio Nacional que la falta de respeto a la autoridad es consecuencia "de un proceso de desvertebración y devaluación de valores", que a su juicio, "hay que restaurar".
"Educar hoy es muy difícil", reconoce Mercedes Coloma, presidenta de Confederación de Padres de Alumnos, Cofapa. Alude a jornadas maratonianas de los padres, a niños sobreprotegidos. "Si un padre no tiene autoridad, es imposible que la tenga el profesor".
En cualquier caso, no hay que generalizar, recomienda el presidente de Anpe. "La mayoría son padres implicados y responsables", asegura Nicolás Fernández Guisado. El presidente de Fapa Francisco Giner de los Ríos, defiende que "la mayoría del alumnado respeta a los docentes y a los padres nos pasa lo mismo". Añade que los centros no son escenario de vandalismo, como algunos sectores quieren demostrar.
Otorgar rango de autoridad a los profesores de la escuela pública está bien porque "la autoritas se ha perdido", según Carmen Perona, aunque a su juicio "no es suficiente, porque se trata de un problema social". Es por lo que aboga por un foro social y remite al Real Decreto que creó el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, con participación de padres, profesores y alumnos, y que pretende analizar los problemas, mediar y evitar la judicialización de los conflictos y subsanarlos dentro de la comunidad educativa. Esta experta es partidaria de una negociación a nivel estatal y recuerda que hay que hilar muy fino, porque la futura ley puede entrar en conflicto con la protección del menor.
En cuanto a los padres, Francisco Giner de los Ríos, de Fapa, cree que la ley no aporta nada nuevo y que la Comunidad de Madrid debería aportar medidas novedosas frente a lo que José Luis Pazos considera situación de "abandono" de la educación madrileña.
Robos. Un 22% de los profesores de secundaria españoles denuncia robos en las aulas, frente al 15% de media de la investigación llevada a cabo por la OCDE en 17 países europeos y Australia, Brasil, México, Corea, Malasia y Turquía.
Intimidación. El 40,6% de los docentes españoles también sufre intimidación y abuso verbal por parte de los estudiantes, dato que supera a la media del 34,6%.
Daños.
El daño físico a otros estudiantes es para el 23,1% de los profesores (15,9% de promedio) otro de los comportamientos que afecta a la enseñanza.
Drogas.
El 20,3% de los docentes españoles ve afectado su trabajo por el uso o posesión de drogas y/o alcohol en los alumnos, frente a una media del 10,7%
CD
>INAUGURACIÓN
EDITORIAL EL PAIS, jueves 17/09/2009
La penosa situación de muchos profesores de enseñanza secundaria, desprovistos de medios y de autoridad para mantener el orden en sus clases, no es un hecho menor cuya consideración pueda liquidarse como una simple cortina de humo para ocultar problemas mayores. Es un síntoma de que algo funciona mal en la escuela y, al tiempo, uno de los factores que contribuyen al bajo rendimiento general de los estudiantes.
El problema no tiene únicamente que ver con la organización interna de la escuela. Sus raíces hay que buscarlas en la pérdida de prestigio social de los profesores. Si los menores perciben en sus casas el menosprecio por los docentes, no es de extrañar que se muestren indisciplinados y renuentes a seguir sus instrucciones. Si la intervención de las familias en los casos de conflicto escolar contribuye a debilitar todavía más la posición de los docentes, entonces no puede esperarse de los menores que tengan un comportamiento más responsable. No se trata de volver a las épocas superadas de los castigos corporales o de las imposiciones despóticas en la escuela, pero no vendría mal recuperar el convencimiento por parte de las familias de que el trabajo de los docentes es esencial para el futuro de los escolares.
Las medidas que empiezan a tomar algunas Comunidades Autónomas, en el sentido de considerar autoridad pública a algunos profesores, pueden tener algún efecto positivo pero inciden sólo en uno de sus aspectos, quizá el menos importante. El problema del deterioro de la figura del profesor es de suficiente gravedad como para requerir una acción concertada de los poderes públicos, tanto en lo que se refiere a las distintas competencias territoriales como a los distintos ámbitos en los que es preciso actuar, hacia el interior de la escuela pero también hacia las familias y la sociedad en su conjunto, y no sólo inscribiendo formalmente en la ley una mejor protección legal contra las agresiones
PA
Don Juan Carlos hizo ayer en Cantabria, en el acto inaugural del curso académico, un llamamiento a los partidos políticos para alcanzar un amplio acuerdo nacional sobre educación y les instó a reconocer, reforzar y prestigiar la figura de los profesores. Las apelaciones del jefe del Estado no pueden ser más oportunas. La gravedad y persistencia de problemas como el fracaso escolar, el abandono prematuro de las aulas, la indisciplina creciente y el deterioro de la autoridad de los enseñantes hacen indispensable la firma de un gran pacto por la educación que supere el malhadado hábito de que cada gobierno altere la legislación educativa y las prioridades e implante un sistema duradero que permita, al fin, colocar la enseñanza española a la altura de los tiempos. Es la base imprescindible de una sociedad próspera y una economía saneada y competitiva, como repiten una y otra vez los líderes políticos de todos los colores, sin que hasta ahora hayan obrado en consecuencia. Pilar esencial de esta reforma ha de ser, como sugiere el Rey, el reconocimiento de la figura del profesor, reconocimiento a la vez social e institucional que ahora mismo no se detecta. Ni los padres, demasiado permisivos con sus hijos o desatentos a su educación, ni las autoridades educativas, que no han sabido combatir los crecientes actos de indisciplina, cuando no de violencia en las aulas y los centros, están ofreciendo a maestros y profesores el marco general de apoyo y respeto que la importancia de su función demanda. La situación ha llegado a un punto en el que los profesores se sienten incapaces de controlar a la minoría de alumnos escandalosos y díscolos que imponen su ley e impiden a la mayoría de sus compañeros recibir la enseñanza debida en condiciones de normalidad y aprovechamiento. El profesorado ha de sentirse protegido en los casos de agresiones, quizás con su consideración jurídica como autoridades, como se debate en diversos foros políticos e institucionales, pero la convivencia general en las clases necesita, para ser garantizada, un cambio notable en la sociedad y en las autoridades. A favor del maestro.
EuropaSUR GJ
ESPERANZAAguirre confirmó ayer, en el debate de la Asamblea de Madrid, laaprobación de una futura Ley de Autoridad del Profesor. Es un paso enla buena dirección, porque la presidenta regional tiene razón cuandoafirma que «no puede ser que un profesor esté la mayor parte de laclase mandando callar a los alumnos». En este sentido, es importante lamedida prevista de convertir a los docentes de Primaria y Secundaria delos centros públicos en «autoridad pública», con el fin de que ladisciplina retorne a las aulas, un planteamiento que coincide con laspropuestas de Nicolas Sarkozy. Falta conocer la letra pequeña delproyecto, pero es indudable que Aguirre ha puesto el dedo en la llagade una de las grandes preocupaciones de la comunidad escolar. Sería muydeseable conseguir para ello la implicación de las familias en lastareas de transmitir a niños y adolescentes el sentido de laresponsabilidad imprescindible para desarrollar actitudes positivas encasa y en el colegio. En este ámbito, tal vez habría que buscar medidascomplementarias al simple envío a los padres de las normas reguladorasdel centro de enseñanza en que sus hijos cursan estudios. Reforzar laposición de los docentes con cargos directivos es también un enfoqueadecuado siempre que ello implique una exigencia de ejercicio activo dela autoridad y de apoyo a los profesores que -a veces- se sientenaislados frente a los chantajes y amenazas de algunos «matones» quepretenden imponer la ley del más fuerte.
Los recientes sucesosocurridos en Pozuelo de Alarcón han elevado la sensibilidad socialhacia la educación de las generaciones futuras. Es preciso transmitirvalores positivos para la convivencia en un ámbito de respeto yestímulo del trabajo bien hecho. Aguirre acierta al enfocar el problemadesde la perspectiva de la autoridad del profesor, pero también esnecesario contemplar otros ángulos no menos importantes. Así, hay queofrecer opciones de ocio al margen de «botellones» y «litronas»,promover las actividades culturales y deportivas y, sobre todo,eliminar modelos sociales que dan prioridad al éxito a toda costa porencima de los principios morales y de la dignidad humana. La tarea eslarga y compleja, y es bueno sin duda comenzar resolviendo lascuestiones más evidentes, como es la necesidad inexcusable de orden ysilencio en las aulas. Lejos de cualquier autoritarismo, el profesordebe ser respetado y tiene que contar con los instrumentos razonablespara imponer una disciplina sin la cual es imposible transmitirconocimientos. Es triste que tengamos que llegar a estos niveles delucha contra la violencia -real o latente-, pero es la consecuencialógica de muchos años de abandono y desinterés social y político.
Porlo demás, la dispersión de nuestro sistema educativo en diecisietecomunidades que funcionan cada una por su lado, conlleva problemas defondo que limitan la eficacia de cualquier medida. La ley madrileña,bien orientada, sólo es aplicable en su ámbito territorial y layuxtaposición de sistemas sin coordinación entre sí no puede producirresultados positivos. Mientras el Ministerio se limite a elogiar laidea de Aguirre sin adoptar medidas vinculantes para el resto deComunidades, crecerá el riesgo de crear una confusión generalizadaentre padres, alumnos y profesores.
ABC
La escuela debe buscar el equilibrio del respeto sin volver a la mano dura
Encuesta: ¿Estás de acuerdo con endurecer los castigos por agredir a los maestros?
J. A. AUNIÓN 17/09/2009 (EL PAIS)
Todo a estribor: "La extrema derecha vuelve a intentar colarnos a todos su autoritarismo. Volvéis a intentar explotar el miedo que inoculáis a la gente". Tony: "La demagogia de los que se creen muy progres está a pleno rendimiento. La palabra autoridad y respeto les produce urticaria". Estos dos comentarios aparecidos el martes en ELPAÍS.com, bajo la noticia titulada Una nueva ley endurece el castigo por agredir a los maestros, aunque quizá con brocha gorda, resumen muy bien los dos extremos más escorados del debate que ha generado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al anunciar que a los docentes se les considerará autoridad pública, esto es, que si se les agrede, la pena será mayor, y se les otorga el principio de veracidad -su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-.
Ni es una gran novedad, ni es suficiente por sí misma para devolver a los enseñantes la presuntamente perdida autoridad, reconocen hasta sus más firmes defensores. Pero el anuncio de Aguirre ha conseguido volver a calentar el recurrente debate sobre la indisciplina en las aulas. Probablemente porque una parte de los profesores se sienten desanimados y desprotegidos y no encuentran la forma de hacerse respetar por sus alumnos ni por sus padres -los docentes españoles son, entre los países desarrollados, los que peor ambiente perciben en sus clases, según el reciente informe Talis de la OCDE-. Porque tal vez necesitan muestras públicas de apoyo en mitad de ese desánimo y, por qué no, un respaldo legal cuando llegan los casos más graves, en realidad, pocos, "excepcionales", en palabras de Carmen Guaita, responsable de Comunicación del sindicato Anpe, uno de los principales impulsores de la medida que ahora toma Madrid.
Y, así, sazonado con la reciente batalla campal protagonizada por menores en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que traslada a toda la sociedad esa sensación a mitad de camino entre la impotencia y el despiste absoluto, se reabren los dos frentes antagónicos, representados en sus extremos por esos dos comentarios anónimos de más arriba, entre los que quieren seguridad, control y disciplina a base de las leyes y castigos que hagan falta, y los que temen que por esa vía se vuelva a tiempos en los que el autoritarismo era la norma -no sólo en la escuela-, y creen que la autoridad no es algo que se pueda conceder por decreto, sino algo que hay que ganarse.
Probablemente, como admiten tanto Guaita como el presidente de la confederación laica de padres Ceapa, Pedro Rascón, desde lados opuestos de la discusión, la clave está en encontrar el equilibrio. A lo que se adhiere el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez: "Quien piense que en la escuela no va a haber conflictos está equivocado, los adolescentes siempre han transgredido. En los centros tiene que haber sistemas punitivos, de castigo, pero eso sí, para cuando no funcione todo lo demás, todas las medidas de seguimiento y apoyo que deben empezar en primaria". Y claro, eso significa más medios.
Pero veamos el contexto del problema. Casi la mitad de los estudiantes admite observar a veces que algunos alumnos se meten (insultos, enfrentamientos verbales) con el profesorado y un 18,1% dice observarlo en muchos casos, según el último informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar, de 2007. A su vez, un 43% ha visto a veces en su centro que algún profesor hace lo mismo con un alumno, y un 6,6% en muchos casos. En el 14% de los centros, según sus jefes de estudios, algún profesor ha padecido en alguna ocasión una agresión física. La incidencia de estas actuaciones no había variado con respecto al estudio de 1999.
En cualquier caso, es evidente que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas, que lo han hecho la escuela y unos alumnos que han nacido y crecido con unos niveles de bienestar y de libertad jamás conocidos. Además, unos alumnos que, les guste o no estudiar, deben estar escolarizados hasta los 16 años, lo que conlleva una mayor complejidad del trabajo docente. Y también es cierto que tanto alumnos como padres ya no ven al profesor, y a casi ninguna figura pública, como una autoridad incuestionable.
Fidel Revilla fue profesor de secundaria durante más de tres décadas -lo dejó hace cuatro cursos- y admite que se han producido esos cambios, tanto dentro como fuera del aula. Pero asegura que la autoridad no se da sólo porque alguien lo ponga en un boletín. Se refiere así a la ley que anunció la Comunidad de Madrid para dar "respaldo moral" y "estatus" a los profesores, para recuperar la autoridad de los docentes en centros.
Carmen Guaita, de Anpe, el sindicato que ha impulsado esta medida, se muestra muy satisfecha. Dice que se trata de dar ese empujón legal para recuperar todo lo demás, el respaldo social, el reconocimiento también de la autoridad moral y pedagógica del profesor. Insiste en que hay que poner unos límites claros a los alumnos y que, en ese camino, en una sociedad democrática, no hay espacio para el autoritarismo: "No hay peligro de involución; es el momento del equilibrio. A un joven hay que decirle que hay cinco cosas que son innegociables, aunque luego haya otras 60 negociables". Guaita, en cualquier caso, está contenta por que se abra una reflexión sobre la autoridad y la disciplina en los centros.
Para Manuel de Castro, secretario general de FERE, la patronal de colegios católicos mayoritaria en la escuela concertada, "es un poco penoso que haya que llegar a judicializar la escuela, a llevar la policía a la puerta de los colegios, porque, aunque sean casos aislados, se dan situaciones de alumnos o padres que agreden a los maestros, situaciones que antes no se daban", asegura. Para de Castro, la solución no pasa por este tipo de medidas, ni por volver a llamar al profesor de usted, como proponía hace poco el Defensor del Pueblo, sino por la educación, y no sólo la de la escuela. "La única solución es que toda la sociedad tome conciencia de la necesidad de la educación, que los padres apoyen sin fisuras a los profesores", concluye.
Efectivamente, muchos giran la vista a algunos padres a la hora de echar culpas, por no respaldar la labor del maestro y no poner límites a sus hijos, y no sólo cuando hacen algo grave a los 15 años. "En algunos casos hay una permisividad demasiado grande cuando son pequeños", dice Revilla. Se trata de algunos casos, insiste, como igualmente hay casos de profesores que faltan al respeto a sus alumnos, añade. Y, de cualquier modo, si el comportamiento de los escolares no es ajeno a lo que ven en su casa, tampoco lo es a lo que ven por la calle, en Internet, la televisión, la política, donde encuentran ejemplos nada educativos muchas veces.
Pedro Rascón, de Ceapa, admite que los padres, después de muchos años de autoritarismo, quizá se han "pasado por el otro lado", el de la excesiva permisividad, e incluso está de acuerdo con Guaita en que hay que buscar el equilibrio: "Nosotros también estamos deseosos de aprender", dice. Pero se niega a aceptar que las soluciones consistan en "judicializar" las escuelas. Medidas como la de Aguirre le recuerdan demasiado a los tiempos en los que el alumno se llevaba un bofetón en clase por no saberse la lección y otro en casa por cabrear al profesor. "Las soluciones no van por ahí", insiste, sino "por la modernización del sistema educativo".
Por ejemplo, si se le pregunta a Michael Davidson, responsable del informe Talis de la OCDE -que se publicó este año tras haber encuestado a 90.000 profesores de 23 países-, sobre la autoridad en las escuelas españolas, no habla de medidas disciplinarias. "Echando un vistazo a los datos de España, un mejor clima escolar se suele encontrar cuando los docentes tienen un contrato fijo y más experiencia, cuando colaboran entre ellos y cuando el tamaño de las clases es menor. Además, aquellos profesores que apuestan por la transmisión directa [menos participativa, en la que el profesor enseña y el alumno escucha de una forma más pasiva] suele percibir un peor clima escolar".
"Lo que está claro es que con los métodos tradicionales es más difícil controlar a los alumnos", insiste Rafael Porlán, catedrático de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Sevilla. Asegura que está fallando el sistema, "que hoy los alumnos no aguantan, y manifiestan su incapacidad para aceptar ese modelo", un modelo obsoleto. El sociólogo de la Complutense Rafael Feito es mucho más duro: "Lo que subyace tras esta locura [la propuesta de Aguirre] es una idea decimonónica, en todo caso, anterior a la actual sociedad del conocimiento. Se trata de un modelo en que el profesor se sube a una tarima y llena con su saber las cabezas vacías de los pobrecitos alumnos y alumnas. Y para que ese modelo funcione se precisa un régimen de control disciplinario que garantice que el alumnado esté en disposición de aprender, es decir, callado, sentado y con el libro de texto abierto en la página correspondiente. La relación educativa no puede sustentarse sobre el mero recurso a la autoridad". Por su parte, Porlán recuerda que los alumnos más conflictivos pueden ser los que más se impliquen en su educación si se les consigue enganchar. Y quienes consiguen engancharles son los profesores. Cada profesor.
Según el informe Talis, las mayores diferencias de percepción del clima escolar, de las relaciones entre docentes y alumnos no se dan ni entre países (25%) ni entre centros de zonas distintas (10%), sino entre los profesores de un mismo colegio que dan clase cada día a los mismos alumnos (65%). También el tiempo que pierden haciendo callar a los alumnos -un tercio de la clase, de media, argumento sacado a relucir por Esperanza Aguirre al presentar su proyecto de ley- varía sobre todo dentro de un centro escolar; una vez más, distintos profesores frente a los mismos alumnos: un 85%. "Dado que la mayor cantidad de variaciones en la pérdida de tiempo lectivo se observa entre diferentes profesores dentro de los centros, parece más necesaria una política de prestar atención a las habilidades y la disposición de los profesores individualmente que mejorar el ambiente y la disciplina generales de los centros", concluye el informe.
Más formación específica, clases más pequeñas, más profesionales, más medios, en definitiva, más dinero... pero también más implicación de los profesores. El catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita está de acuerdo con que los profesores sean autoridad pública: "Representan a la sociedad frente al individuo", y "la escuela es la primera experiencia institucional del alumno, la anticipación de cómo va a ser y debe ser la vida en la sociedad adulta". Pero no cree "que pueda pedirse autoridad para los profesores si no se les pide responsabilidad; mal puede exigir respeto un profesor que falta a menudo, llega tarde, no prepara sus clases, pierde el tiempo en el aula o ejerce arbitrariamente su poder académico o disciplinar. Y, haberlos, haylos". Y en cualquier caso, tampoco considera que "el desorden, los problemas de convivencia en los centros provengan de que los profesores no tienen autoridad, sino más bien de que no ejercen la que tienen. Antes de llegar a una infracción grave, sea falta de respeto, conducta disruptiva, violencia... ha habido sistemáticamente una larga colección de infracciones leves que no fueron afrontadas. Hay grupos que quieren blindar al profesor, pero no se preocupan de proteger al alumno. En mi opinión no estamos ante una revuelta juvenil, sino ante una crisis o dejación de la tutela adulta en los centros. Muchos de los conflictos laborales de los últimos años han sido porque no se quiere vigilar los recreos, los pasillos, las actividades extraescolares, los comedores..."
Eso no quita para que los casos más graves existan y haya que atajarlos, como decía el presidente de los directores José Antonio Martínez. O que el camino de la mejora a través de la renovación pedagógica o del aumento de los medios sea incompatible con poner unas normas claras, y que cuando llegue el momento en el que falla todo lo demás, haya que castigar, de manera clara y fulminante. "Enseñar es dar permiso para equivocarse, pero no dar impunidad", concluye Martínez.
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El 31% de los docentes manifiesta falta de apoyo de la Administración
↓ La ley sin medios no da autoridad
EDITORIALES
↓ Valorar al profesor EL PAIS ↓ La autoridad de los profesores GRUPO JOLY ↓ Autoridad en las aulas ABC
Marisol Paul - Madrid - 17/09/2009 (CINCO DIAS)
La sentencia fue histórica. En febrero de 2008, la titular de un juzgado de lo penal de Barcelona condenaba a los padres de un alumno a un año de prisión (no suponía ingreso en la cárcel) por agredir a una docente. Era el primer caso que llegaba a juicio en Cataluña tras la orden del anterior fiscal jefe, José María Mena, de acusar por atentado a funcionario a todas aquellas personas que atacaran a médicos o profesores del sector público.
El Código Penal tipifica como delito las agresiones a los funcionarios públicos cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Un tratamiento jurídico que la Fiscalía General del Estado recogía en una circular remitida a los fiscales en noviembre del pasado año. Respaldo legal que no evita situaciones de desamparo. Carmen Perona, abogada de la Federación de Enseñanza de CC OO conoce unas cuantas, entre otras la de un profesor que vio colocada su cara en el cuerpo de un actor porno en en la red social Tuenti.
Autoridad en casa
El anunció realizado el pasado martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de una Ley de Autoridad del Profesorado, que otorga a los maestros la presunción de veracidad, ha abierto el debate sobre el respeto a los maestros. "Si la administración educativa confiara más en el docente no haría falta esta figura. Pero la administración da más credibilidad a los padres y a los alumnos", asegura Carmen Perona. Según las estadísticas del Defensor del Profesor, el 38% de los docentes manifiesta falta de respaldo por parte de la dirección del centro y el 31% por parte de la Administración.
La pérdida de autoridad es elemento de peso del debate. En las aulas y en las familias, destaca el presidente del sindicato independiente Anpe, Nicolás Fernández Guisado. "No podemos pasar del autoritarismo a la relajación total". Una pérdida de autoridad y permisividad excesiva que ha generado un clima de impunidad. "No confundamos la vuelta al palo con el reconocimiento de la autoridad". De una situación en que los profesores pegaban a los niños se ha pasado a alumnos que agreden a los docentes, observa el psicólogo Ángel Peralbo, autor de El adolescente indomable (La esfera de los libros). Cree que si los padres tuvieran más autoridad en casa, el comportamiento de los hijos mejoraría en la escuela, pero advierte que la familia es sólo una variable del problema. "Dar poder a la autoridad académica es sólo una sola parte, pero si no les enseñamos a mediar, a trabajar con el adolescente, a poner límites, no servirá para nada".
El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, insiste en la necesidad de reconocer "claramente la autoridad del profesor, tanto por parte de los alumnos como de algunos padres que en ocasiones no valoran el importante papel que juegan los profesores en la sociedad y, de forma particular, en la educación de los menores". Por su parte, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, señalaba a Radio Nacional que la falta de respeto a la autoridad es consecuencia "de un proceso de desvertebración y devaluación de valores", que a su juicio, "hay que restaurar".
"Educar hoy es muy difícil", reconoce Mercedes Coloma, presidenta de Confederación de Padres de Alumnos, Cofapa. Alude a jornadas maratonianas de los padres, a niños sobreprotegidos. "Si un padre no tiene autoridad, es imposible que la tenga el profesor".
En cualquier caso, no hay que generalizar, recomienda el presidente de Anpe. "La mayoría son padres implicados y responsables", asegura Nicolás Fernández Guisado. El presidente de Fapa Francisco Giner de los Ríos, defiende que "la mayoría del alumnado respeta a los docentes y a los padres nos pasa lo mismo". Añade que los centros no son escenario de vandalismo, como algunos sectores quieren demostrar.
Una ley que se amplíe a toda España
El sindicato Anpe se considera impulsor de la Ley de Autoridad del Profesorado anunciada por Madrid, pero su presidente, Nicolás Fernández Guisado, considera que debe ir acompañada de otro tipo de medidas, que tienen que ver con dejar en manos de los maestros las decisiones académicas, y que debe ser de aplicación en todo el Estado. "No estaría bien el reconocimiento de la autoridad en Illescas Madrid y no en la provincia de Toledo".Otorgar rango de autoridad a los profesores de la escuela pública está bien porque "la autoritas se ha perdido", según Carmen Perona, aunque a su juicio "no es suficiente, porque se trata de un problema social". Es por lo que aboga por un foro social y remite al Real Decreto que creó el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, con participación de padres, profesores y alumnos, y que pretende analizar los problemas, mediar y evitar la judicialización de los conflictos y subsanarlos dentro de la comunidad educativa. Esta experta es partidaria de una negociación a nivel estatal y recuerda que hay que hilar muy fino, porque la futura ley puede entrar en conflicto con la protección del menor.
En cuanto a los padres, Francisco Giner de los Ríos, de Fapa, cree que la ley no aporta nada nuevo y que la Comunidad de Madrid debería aportar medidas novedosas frente a lo que José Luis Pazos considera situación de "abandono" de la educación madrileña.
Aulas rebeldes
España se encuentra entre los países europeos con más problemas de disciplina en sus aulas, según la OCDE. Interrupciones durante las clases, absentismo de alumnos o retrasos en la hora de entrada dificultan su trabajo, pero hay comportamientos más serios.Robos. Un 22% de los profesores de secundaria españoles denuncia robos en las aulas, frente al 15% de media de la investigación llevada a cabo por la OCDE en 17 países europeos y Australia, Brasil, México, Corea, Malasia y Turquía.
Intimidación. El 40,6% de los docentes españoles también sufre intimidación y abuso verbal por parte de los estudiantes, dato que supera a la media del 34,6%.
Daños.
El daño físico a otros estudiantes es para el 23,1% de los profesores (15,9% de promedio) otro de los comportamientos que afecta a la enseñanza.
Drogas.
El 20,3% de los docentes españoles ve afectado su trabajo por el uso o posesión de drogas y/o alcohol en los alumnos, frente a una media del 10,7%
CD
El rey llama a un pacto nacional sobre educación
El rey Juan Carlos hizo ayer un llamamiento a sociedad y partidos políticos para alcanzar un "amplio y sólido" acuerdo nacional sobre educación, y abogó por "reforzar y prestigiar" el papel de los profesores. En la imagen, don Juan Carlos bromea con unas alumnas durante la inauguración oficial del curso académico 2009/2010 en centros públicos, ayer, en Reinosa (Cantabria). - Reuters>INAUGURACIÓN
El rey se sube al carro de Aguirre y pide "prestigiar a los profesores"
Juan Carlos de Borbón solicita "alcanzar un amplio y sólido acuerdo a escala nacional en torno a la educación"
PÚBLICO.ES / EFE - Reinosa (Cantabria) - 16/09/2009
Juan Carlos de Borbón, rey de España, ha hecho hoy un llamamiento "para alcanzar un amplio y sólido acuerdo a escala nacional en torno a la educación" y ha abogado por "reconocer, reforzar y prestigiar" la figura de los docentes como protagonistas indiscutibles de la enseñanza.
De este modo, el monarca se sube al carro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien pidió el martes otorgar a los profesores el rango de autoridad pública.
El rey, acompañado por la la reina Sofía de Grecia y en presencia del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, y de las autoridades autonómicas y locales, ha inaugurado el Curso Escolar 2009-2010 en el Colegio Público Alto Ebro y el instituto de Enseñanza Secundaria Montesclaros de la localidad cántabra de Reinosa.
Soluciones consensuadas
El monarca ha apostado por alcanzar, en materia educativa, "soluciones consensuadas y, por ello mismo, estables y duraderas", en un "acuerdo social y político que, partiendo de espacios comunes que todos compartimos y de un diagnóstico experto e independiente, consiga mejorar, modernizar y estabilizar nuestra educación".
"Juntos hemos alcanzado un progreso sin precedentes"
"Juntos hemos alcanzado un progreso sin precedentes y unidos hemos superado cuantos retos nos hemos propuesto", ha recordado el Rey, además de pedir que se aborde con ese mismo afán "la mejora y el fortalecimiento de nuestro sistema educativo", asegurando sus logros y corrigiendo sus debilidades.
Docentes, protagonistas indiscutibles
Juan Carlos de Borbón, quien ha reiterado el apoyo de la Corona a la Educación, como "factor clave" para el futuro de los jóvenes y de la sociedad, ha reconocido un año más la labor de los profesores.
Ha reseñado que los docentes son los "protagonistas indiscutibles de la enseñanza" y que por ello se debe "reconocer, reforzar y prestigiar su figura", además de garantizar, como objetivos prioritarios, su adecuada formación, su carrera profesional y la renovación de su papel en el sistema educativo del siglo XXI.
El monarca ha expresado también el respaldo de la Corona a las familias "para apoyarlas en sus responsabilidades y compartir con ellas sus ilusiones y preocupaciones, y ha añadido que no defraudará sus "legítimas esperanzas de alcanzar la mejor educación para sus hijos".
Junto a los escolares
Juan Carlos de Borbón, que cada año se desplaza junto a la reina Sofía a una localidad española para estar junto a los escolares en el comienzo del curso, se ha dirigido también a los estudiantes y ha solicitado que se les estimule en sus aspiraciones y se les persuada de que para abrirse camino en la vida "se requiere mucho esfuerzo, tesón y sacrifico personal.
"Debemos dedicar los esfuerzos más generosos"
"Debemos dedicar los esfuerzos más generosos para que puedan ser los protagonistas de un desarrollo cada vez más justo, solidario y sostenible", ha añadido el monarca en referencia a las preparación de los jóvenes, una labor, ha reiterado, que "exige el compromiso y la entrega de todos", más aún en estos "difíciles momentos de crisis económica".
PUBLICO
Valorar al profesor
EDITORIAL EL PAIS, jueves 17/09/2009
La penosa situación de muchos profesores de enseñanza secundaria, desprovistos de medios y de autoridad para mantener el orden en sus clases, no es un hecho menor cuya consideración pueda liquidarse como una simple cortina de humo para ocultar problemas mayores. Es un síntoma de que algo funciona mal en la escuela y, al tiempo, uno de los factores que contribuyen al bajo rendimiento general de los estudiantes.
El problema no tiene únicamente que ver con la organización interna de la escuela. Sus raíces hay que buscarlas en la pérdida de prestigio social de los profesores. Si los menores perciben en sus casas el menosprecio por los docentes, no es de extrañar que se muestren indisciplinados y renuentes a seguir sus instrucciones. Si la intervención de las familias en los casos de conflicto escolar contribuye a debilitar todavía más la posición de los docentes, entonces no puede esperarse de los menores que tengan un comportamiento más responsable. No se trata de volver a las épocas superadas de los castigos corporales o de las imposiciones despóticas en la escuela, pero no vendría mal recuperar el convencimiento por parte de las familias de que el trabajo de los docentes es esencial para el futuro de los escolares.
Las medidas que empiezan a tomar algunas Comunidades Autónomas, en el sentido de considerar autoridad pública a algunos profesores, pueden tener algún efecto positivo pero inciden sólo en uno de sus aspectos, quizá el menos importante. El problema del deterioro de la figura del profesor es de suficiente gravedad como para requerir una acción concertada de los poderes públicos, tanto en lo que se refiere a las distintas competencias territoriales como a los distintos ámbitos en los que es preciso actuar, hacia el interior de la escuela pero también hacia las familias y la sociedad en su conjunto, y no sólo inscribiendo formalmente en la ley una mejor protección legal contra las agresiones
PA
La autoridad de los profesores
EDITORIAL GRUPO JOLY, jueves 17/09/2009Don Juan Carlos hizo ayer en Cantabria, en el acto inaugural del curso académico, un llamamiento a los partidos políticos para alcanzar un amplio acuerdo nacional sobre educación y les instó a reconocer, reforzar y prestigiar la figura de los profesores. Las apelaciones del jefe del Estado no pueden ser más oportunas. La gravedad y persistencia de problemas como el fracaso escolar, el abandono prematuro de las aulas, la indisciplina creciente y el deterioro de la autoridad de los enseñantes hacen indispensable la firma de un gran pacto por la educación que supere el malhadado hábito de que cada gobierno altere la legislación educativa y las prioridades e implante un sistema duradero que permita, al fin, colocar la enseñanza española a la altura de los tiempos. Es la base imprescindible de una sociedad próspera y una economía saneada y competitiva, como repiten una y otra vez los líderes políticos de todos los colores, sin que hasta ahora hayan obrado en consecuencia. Pilar esencial de esta reforma ha de ser, como sugiere el Rey, el reconocimiento de la figura del profesor, reconocimiento a la vez social e institucional que ahora mismo no se detecta. Ni los padres, demasiado permisivos con sus hijos o desatentos a su educación, ni las autoridades educativas, que no han sabido combatir los crecientes actos de indisciplina, cuando no de violencia en las aulas y los centros, están ofreciendo a maestros y profesores el marco general de apoyo y respeto que la importancia de su función demanda. La situación ha llegado a un punto en el que los profesores se sienten incapaces de controlar a la minoría de alumnos escandalosos y díscolos que imponen su ley e impiden a la mayoría de sus compañeros recibir la enseñanza debida en condiciones de normalidad y aprovechamiento. El profesorado ha de sentirse protegido en los casos de agresiones, quizás con su consideración jurídica como autoridades, como se debate en diversos foros políticos e institucionales, pero la convivencia general en las clases necesita, para ser garantizada, un cambio notable en la sociedad y en las autoridades. A favor del maestro.
EuropaSUR GJ
Autoridad en las aulas
EDITORIAL ABC Miércoles, 16-09-09
ESPERANZAAguirre confirmó ayer, en el debate de la Asamblea de Madrid, laaprobación de una futura Ley de Autoridad del Profesor. Es un paso enla buena dirección, porque la presidenta regional tiene razón cuandoafirma que «no puede ser que un profesor esté la mayor parte de laclase mandando callar a los alumnos». En este sentido, es importante lamedida prevista de convertir a los docentes de Primaria y Secundaria delos centros públicos en «autoridad pública», con el fin de que ladisciplina retorne a las aulas, un planteamiento que coincide con laspropuestas de Nicolas Sarkozy. Falta conocer la letra pequeña delproyecto, pero es indudable que Aguirre ha puesto el dedo en la llagade una de las grandes preocupaciones de la comunidad escolar. Sería muydeseable conseguir para ello la implicación de las familias en lastareas de transmitir a niños y adolescentes el sentido de laresponsabilidad imprescindible para desarrollar actitudes positivas encasa y en el colegio. En este ámbito, tal vez habría que buscar medidascomplementarias al simple envío a los padres de las normas reguladorasdel centro de enseñanza en que sus hijos cursan estudios. Reforzar laposición de los docentes con cargos directivos es también un enfoqueadecuado siempre que ello implique una exigencia de ejercicio activo dela autoridad y de apoyo a los profesores que -a veces- se sientenaislados frente a los chantajes y amenazas de algunos «matones» quepretenden imponer la ley del más fuerte.
Los recientes sucesosocurridos en Pozuelo de Alarcón han elevado la sensibilidad socialhacia la educación de las generaciones futuras. Es preciso transmitirvalores positivos para la convivencia en un ámbito de respeto yestímulo del trabajo bien hecho. Aguirre acierta al enfocar el problemadesde la perspectiva de la autoridad del profesor, pero también esnecesario contemplar otros ángulos no menos importantes. Así, hay queofrecer opciones de ocio al margen de «botellones» y «litronas»,promover las actividades culturales y deportivas y, sobre todo,eliminar modelos sociales que dan prioridad al éxito a toda costa porencima de los principios morales y de la dignidad humana. La tarea eslarga y compleja, y es bueno sin duda comenzar resolviendo lascuestiones más evidentes, como es la necesidad inexcusable de orden ysilencio en las aulas. Lejos de cualquier autoritarismo, el profesordebe ser respetado y tiene que contar con los instrumentos razonablespara imponer una disciplina sin la cual es imposible transmitirconocimientos. Es triste que tengamos que llegar a estos niveles delucha contra la violencia -real o latente-, pero es la consecuencialógica de muchos años de abandono y desinterés social y político.
Porlo demás, la dispersión de nuestro sistema educativo en diecisietecomunidades que funcionan cada una por su lado, conlleva problemas defondo que limitan la eficacia de cualquier medida. La ley madrileña,bien orientada, sólo es aplicable en su ámbito territorial y layuxtaposición de sistemas sin coordinación entre sí no puede producirresultados positivos. Mientras el Ministerio se limite a elogiar laidea de Aguirre sin adoptar medidas vinculantes para el resto deComunidades, crecerá el riesgo de crear una confusión generalizadaentre padres, alumnos y profesores.
ABC
La ley sin medios no da autoridad
Más formación, más recursos y más respaldo de los padres conforman la receta para reforzar al profesorLa escuela debe buscar el equilibrio del respeto sin volver a la mano dura
Encuesta: ¿Estás de acuerdo con endurecer los castigos por agredir a los maestros?| "Mal puede exigir respeto un docente que no prepara su clase", dice un experto Los casos más graves de agresiones a maestros son excepcionales "Hay que poner límites, y en ello no hay involución", dice Anpe La mayor diferencia de disciplina se da entre docentes del mismo centro Quizá hay algo de permisividad, pero la salida no es judicial, asegura Ceapa El sistema ya no sirve porque está obsoleto, sostienen varios especialistas |
Todo a estribor: "La extrema derecha vuelve a intentar colarnos a todos su autoritarismo. Volvéis a intentar explotar el miedo que inoculáis a la gente". Tony: "La demagogia de los que se creen muy progres está a pleno rendimiento. La palabra autoridad y respeto les produce urticaria". Estos dos comentarios aparecidos el martes en ELPAÍS.com, bajo la noticia titulada Una nueva ley endurece el castigo por agredir a los maestros, aunque quizá con brocha gorda, resumen muy bien los dos extremos más escorados del debate que ha generado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, al anunciar que a los docentes se les considerará autoridad pública, esto es, que si se les agrede, la pena será mayor, y se les otorga el principio de veracidad -su palabra tendrá más valor en caso de conflicto-.
Ni es una gran novedad, ni es suficiente por sí misma para devolver a los enseñantes la presuntamente perdida autoridad, reconocen hasta sus más firmes defensores. Pero el anuncio de Aguirre ha conseguido volver a calentar el recurrente debate sobre la indisciplina en las aulas. Probablemente porque una parte de los profesores se sienten desanimados y desprotegidos y no encuentran la forma de hacerse respetar por sus alumnos ni por sus padres -los docentes españoles son, entre los países desarrollados, los que peor ambiente perciben en sus clases, según el reciente informe Talis de la OCDE-. Porque tal vez necesitan muestras públicas de apoyo en mitad de ese desánimo y, por qué no, un respaldo legal cuando llegan los casos más graves, en realidad, pocos, "excepcionales", en palabras de Carmen Guaita, responsable de Comunicación del sindicato Anpe, uno de los principales impulsores de la medida que ahora toma Madrid.
Y, así, sazonado con la reciente batalla campal protagonizada por menores en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que traslada a toda la sociedad esa sensación a mitad de camino entre la impotencia y el despiste absoluto, se reabren los dos frentes antagónicos, representados en sus extremos por esos dos comentarios anónimos de más arriba, entre los que quieren seguridad, control y disciplina a base de las leyes y castigos que hagan falta, y los que temen que por esa vía se vuelva a tiempos en los que el autoritarismo era la norma -no sólo en la escuela-, y creen que la autoridad no es algo que se pueda conceder por decreto, sino algo que hay que ganarse.
Probablemente, como admiten tanto Guaita como el presidente de la confederación laica de padres Ceapa, Pedro Rascón, desde lados opuestos de la discusión, la clave está en encontrar el equilibrio. A lo que se adhiere el presidente de la asociación de directores de centros públicos Fedadi, José Antonio Martínez: "Quien piense que en la escuela no va a haber conflictos está equivocado, los adolescentes siempre han transgredido. En los centros tiene que haber sistemas punitivos, de castigo, pero eso sí, para cuando no funcione todo lo demás, todas las medidas de seguimiento y apoyo que deben empezar en primaria". Y claro, eso significa más medios.
Pero veamos el contexto del problema. Casi la mitad de los estudiantes admite observar a veces que algunos alumnos se meten (insultos, enfrentamientos verbales) con el profesorado y un 18,1% dice observarlo en muchos casos, según el último informe del Defensor del Pueblo sobre violencia escolar, de 2007. A su vez, un 43% ha visto a veces en su centro que algún profesor hace lo mismo con un alumno, y un 6,6% en muchos casos. En el 14% de los centros, según sus jefes de estudios, algún profesor ha padecido en alguna ocasión una agresión física. La incidencia de estas actuaciones no había variado con respecto al estudio de 1999.
En cualquier caso, es evidente que la sociedad ha cambiado en las últimas décadas, que lo han hecho la escuela y unos alumnos que han nacido y crecido con unos niveles de bienestar y de libertad jamás conocidos. Además, unos alumnos que, les guste o no estudiar, deben estar escolarizados hasta los 16 años, lo que conlleva una mayor complejidad del trabajo docente. Y también es cierto que tanto alumnos como padres ya no ven al profesor, y a casi ninguna figura pública, como una autoridad incuestionable.
Fidel Revilla fue profesor de secundaria durante más de tres décadas -lo dejó hace cuatro cursos- y admite que se han producido esos cambios, tanto dentro como fuera del aula. Pero asegura que la autoridad no se da sólo porque alguien lo ponga en un boletín. Se refiere así a la ley que anunció la Comunidad de Madrid para dar "respaldo moral" y "estatus" a los profesores, para recuperar la autoridad de los docentes en centros.
Carmen Guaita, de Anpe, el sindicato que ha impulsado esta medida, se muestra muy satisfecha. Dice que se trata de dar ese empujón legal para recuperar todo lo demás, el respaldo social, el reconocimiento también de la autoridad moral y pedagógica del profesor. Insiste en que hay que poner unos límites claros a los alumnos y que, en ese camino, en una sociedad democrática, no hay espacio para el autoritarismo: "No hay peligro de involución; es el momento del equilibrio. A un joven hay que decirle que hay cinco cosas que son innegociables, aunque luego haya otras 60 negociables". Guaita, en cualquier caso, está contenta por que se abra una reflexión sobre la autoridad y la disciplina en los centros.
Para Manuel de Castro, secretario general de FERE, la patronal de colegios católicos mayoritaria en la escuela concertada, "es un poco penoso que haya que llegar a judicializar la escuela, a llevar la policía a la puerta de los colegios, porque, aunque sean casos aislados, se dan situaciones de alumnos o padres que agreden a los maestros, situaciones que antes no se daban", asegura. Para de Castro, la solución no pasa por este tipo de medidas, ni por volver a llamar al profesor de usted, como proponía hace poco el Defensor del Pueblo, sino por la educación, y no sólo la de la escuela. "La única solución es que toda la sociedad tome conciencia de la necesidad de la educación, que los padres apoyen sin fisuras a los profesores", concluye.
Efectivamente, muchos giran la vista a algunos padres a la hora de echar culpas, por no respaldar la labor del maestro y no poner límites a sus hijos, y no sólo cuando hacen algo grave a los 15 años. "En algunos casos hay una permisividad demasiado grande cuando son pequeños", dice Revilla. Se trata de algunos casos, insiste, como igualmente hay casos de profesores que faltan al respeto a sus alumnos, añade. Y, de cualquier modo, si el comportamiento de los escolares no es ajeno a lo que ven en su casa, tampoco lo es a lo que ven por la calle, en Internet, la televisión, la política, donde encuentran ejemplos nada educativos muchas veces.
Pedro Rascón, de Ceapa, admite que los padres, después de muchos años de autoritarismo, quizá se han "pasado por el otro lado", el de la excesiva permisividad, e incluso está de acuerdo con Guaita en que hay que buscar el equilibrio: "Nosotros también estamos deseosos de aprender", dice. Pero se niega a aceptar que las soluciones consistan en "judicializar" las escuelas. Medidas como la de Aguirre le recuerdan demasiado a los tiempos en los que el alumno se llevaba un bofetón en clase por no saberse la lección y otro en casa por cabrear al profesor. "Las soluciones no van por ahí", insiste, sino "por la modernización del sistema educativo".
Por ejemplo, si se le pregunta a Michael Davidson, responsable del informe Talis de la OCDE -que se publicó este año tras haber encuestado a 90.000 profesores de 23 países-, sobre la autoridad en las escuelas españolas, no habla de medidas disciplinarias. "Echando un vistazo a los datos de España, un mejor clima escolar se suele encontrar cuando los docentes tienen un contrato fijo y más experiencia, cuando colaboran entre ellos y cuando el tamaño de las clases es menor. Además, aquellos profesores que apuestan por la transmisión directa [menos participativa, en la que el profesor enseña y el alumno escucha de una forma más pasiva] suele percibir un peor clima escolar".
"Lo que está claro es que con los métodos tradicionales es más difícil controlar a los alumnos", insiste Rafael Porlán, catedrático de Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Sevilla. Asegura que está fallando el sistema, "que hoy los alumnos no aguantan, y manifiestan su incapacidad para aceptar ese modelo", un modelo obsoleto. El sociólogo de la Complutense Rafael Feito es mucho más duro: "Lo que subyace tras esta locura [la propuesta de Aguirre] es una idea decimonónica, en todo caso, anterior a la actual sociedad del conocimiento. Se trata de un modelo en que el profesor se sube a una tarima y llena con su saber las cabezas vacías de los pobrecitos alumnos y alumnas. Y para que ese modelo funcione se precisa un régimen de control disciplinario que garantice que el alumnado esté en disposición de aprender, es decir, callado, sentado y con el libro de texto abierto en la página correspondiente. La relación educativa no puede sustentarse sobre el mero recurso a la autoridad". Por su parte, Porlán recuerda que los alumnos más conflictivos pueden ser los que más se impliquen en su educación si se les consigue enganchar. Y quienes consiguen engancharles son los profesores. Cada profesor.
Según el informe Talis, las mayores diferencias de percepción del clima escolar, de las relaciones entre docentes y alumnos no se dan ni entre países (25%) ni entre centros de zonas distintas (10%), sino entre los profesores de un mismo colegio que dan clase cada día a los mismos alumnos (65%). También el tiempo que pierden haciendo callar a los alumnos -un tercio de la clase, de media, argumento sacado a relucir por Esperanza Aguirre al presentar su proyecto de ley- varía sobre todo dentro de un centro escolar; una vez más, distintos profesores frente a los mismos alumnos: un 85%. "Dado que la mayor cantidad de variaciones en la pérdida de tiempo lectivo se observa entre diferentes profesores dentro de los centros, parece más necesaria una política de prestar atención a las habilidades y la disposición de los profesores individualmente que mejorar el ambiente y la disciplina generales de los centros", concluye el informe.
Más formación específica, clases más pequeñas, más profesionales, más medios, en definitiva, más dinero... pero también más implicación de los profesores. El catedrático de Sociología de la Universidad de Salamanca Mariano Fernández Enguita está de acuerdo con que los profesores sean autoridad pública: "Representan a la sociedad frente al individuo", y "la escuela es la primera experiencia institucional del alumno, la anticipación de cómo va a ser y debe ser la vida en la sociedad adulta". Pero no cree "que pueda pedirse autoridad para los profesores si no se les pide responsabilidad; mal puede exigir respeto un profesor que falta a menudo, llega tarde, no prepara sus clases, pierde el tiempo en el aula o ejerce arbitrariamente su poder académico o disciplinar. Y, haberlos, haylos". Y en cualquier caso, tampoco considera que "el desorden, los problemas de convivencia en los centros provengan de que los profesores no tienen autoridad, sino más bien de que no ejercen la que tienen. Antes de llegar a una infracción grave, sea falta de respeto, conducta disruptiva, violencia... ha habido sistemáticamente una larga colección de infracciones leves que no fueron afrontadas. Hay grupos que quieren blindar al profesor, pero no se preocupan de proteger al alumno. En mi opinión no estamos ante una revuelta juvenil, sino ante una crisis o dejación de la tutela adulta en los centros. Muchos de los conflictos laborales de los últimos años han sido porque no se quiere vigilar los recreos, los pasillos, las actividades extraescolares, los comedores..."
Eso no quita para que los casos más graves existan y haya que atajarlos, como decía el presidente de los directores José Antonio Martínez. O que el camino de la mejora a través de la renovación pedagógica o del aumento de los medios sea incompatible con poner unas normas claras, y que cuando llegue el momento en el que falla todo lo demás, haya que castigar, de manera clara y fulminante. "Enseñar es dar permiso para equivocarse, pero no dar impunidad", concluye Martínez.
PA
+info
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· >INAUGURACIÓN Curso 2009/2010
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